Repatriación
de menores marroquíes: impacto económico y desafíos para el Estado español
España
sostiene desde hace décadas una red de centros de protección para menores
extranjeros no acompañados (MENAS), una estructura compleja que implica a
más de cuarenta entidades y miles de profesionales. En ella viven centenares de
jóvenes marroquíes que llegaron solos al país y fueron tutelados por las
comunidades autónomas. Ahora, Marruecos ha solicitado oficialmente la devolución
inmediata de todos los menores marroquíes acogidos en España. La petición
abre un escenario inédito y delicado, tanto en el plano jurídico como en el
económico.
Un sistema costoso que España ha sostenido en
solitario
Los centros de
MENAS suponen un gasto público verificable de 476,5 millones de euros,
solo contando los contratos de las principales entidades gestoras. Si se
sumaran los gastos reales —infraestructura, personal, manutención, educación,
sanidad, seguridad y programas de integración— el coste total superaría con
facilidad los mil millones de euros.
Durante años,
España ha asumido la totalidad del coste de mantener a los menores
marroquíes, sin recibir compensación económica del país de origen. Esto
significa que el erario público español ha financiado:
- alojamiento,
- educación obligatoria,
- atención sanitaria,
- psicología y trabajo
social,
- seguridad y vigilancia,
- programas de emancipación,
- y la gestión
administrativa completa.
En términos
estrictamente económicos, Marruecos ha descargado sobre España una
responsabilidad que ahora, al solicitar la devolución, reabre el debate
sobre la justicia financiera entre Estados.
Qué debería costear Marruecos en una devolución justa
Si Marruecos
exige la repatriación inmediata, sería razonable que asumiera parte de los
costes que España ha soportado durante años. En términos de justicia
financiera, Marruecos debería cubrir:
- Los costes de
identificación y verificación consular Equipos desplazados, documentación, pruebas
de filiación.
- Los costes de traslado y
logística internacional Transporte, acompañamiento profesional,
recepción en centros marroquíes.
- Una compensación
proporcional por los años de tutela No como “deuda”, sino como reconocimiento
del gasto asumido por España en beneficio de ciudadanos marroquíes.
- La financiación de centros
de acogida en Marruecos Para garantizar que los menores repatriados
reciban atención equivalente a la que exige la legislación internacional.
Si España ha
invertido más de 476,5 millones verificables, y una parte significativa
corresponde a menores marroquíes, una compensación justa podría situarse —según
proporción de población atendida— entre 150 y 250 millones de euros,
dependiendo del número exacto de menores repatriables.
Cómo podría gestionarse la devolución
La
repatriación de menores extranjeros requiere un protocolo estricto:
- Identificación oficial del
menor como
ciudadano marroquí.
- Evaluación individual para garantizar que la
devolución no suponga riesgo.
- Activación de un convenio
bilateral operativo entre España y Marruecos.
- Tramitación judicial y
administrativa en
fiscalía de menores y servicios autonómicos.
- Coordinación consular y
logística para el
traslado y recepción.
Tiempos realistas
Aunque
Marruecos hable de “inmediatez”, la devolución masiva no puede ser instantánea.
Cada expediente puede tardar entre tres y seis meses, y una operación
nacional podría prolongarse más de un año, dependiendo de:
- la cooperación consular,
- la capacidad de acogida en
Marruecos,
- y la coordinación entre
Gobierno central y comunidades autónomas.
Una reflexión final
La solicitud
marroquí pone sobre la mesa un equilibrio complejo: derechos humanos,
soberanía administrativa y justicia económica. España ha protegido a estos
menores durante años, asumiendo un coste enorme. Si Marruecos quiere
recuperarlos, debe hacerlo con responsabilidad, garantías y una compensación
proporcional. No se trata solo de devolver a unos jóvenes: se trata de reordenar
un sistema entero, de cerrar sin desamparar, de transformar sin perder
humanidad, y de exigir que cada Estado asuma la parte de responsabilidad que le corresponde.
